Evaluación de la actividad investigadora del profesorado de las universidades y centros privados (convocatoria 2025)

Las universidades privadas y los centros privados adscritos del sistema universitario andaluz demandan contar con un sistema de evaluación de la actividad investigadora de su personal docente e investigador equiparable al sistema de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas. Esta equiparación lo es exclusivamente en cuanto a la evaluación material considerada, y es ajena a cualquier efecto retributivo de carácter público vinculado con lo que establecen los artículos 76 y 87 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) o con lo previsto en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.

Ello es debido a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la LOSU, el personal docente e investigador de las universidades privadas y de los centros privados adscritos se regirá por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, así como por los convenios colectivos aplicables. En consecuencia, los efectos que las universidades privadas otorguen a estas evaluaciones tienen una naturaleza estrictamente privada e interna, siendo un ámbito ajeno por completo a las políticas de personal de las administraciones públicas.

Para dar respuesta a esta necesidad académica, ACCUA ha firmado convenios con las universidades privadas y centros privados adscritos que así lo han solicitado. El objeto de estos acuerdos es que la Agencia evalúe la actividad investigadora del personal docente e investigador de dichas instituciones y, en concreto, de las figuras que la universidad o centro establezca internamente.

Garantizando el máximo rigor científico, la evaluación por parte de ACCUA se realizará con los mismos criterios y normas aplicables por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la evaluación del personal docente e investigador funcionario de las universidades públicas andaluzas.